La rebelión de los tarijeños ante la decisión estatal de intervenir su empresa de electricidad es mucho más que una reivindicación de derecho de propiedad de un pueblo; es una prueba de fuerza entre el afán centralista del gobierno y el espíritu autonomista de la gente y devela la incapacidad de propietarios y administradores de la compañía frente a sus clientes.
La pretensión de intervenir Setar expresa la política centralista del Gobierno nacional de controlar las empresas de servicios básicos como mecanismo de poder económico y político, pese a la voluntad autonomista de las regiones, expresada en los referendos del 2008.
El presidente Evo Morales advirtió que “el Estado Plurinacional controla ahora más del 80 por ciento de energía que se produce en toda Bolivia. Tarde o temprano, tiene que controlar y administrar el 100 por ciento de energía”, porque los servicios básicos no pueden ser negocio privado.
Setar es desde el 2007 una empresa pública de servicio de energía eléctrica cuyo 96.6 por ciento de las acciones pertenece a la Gobernación, un 0.4 por ciento al Municipio de Cercado y un 3 por ciento de propiedad anónima. Setar es, por estatutos y por origen, una entidad del pueblo tarijeño.
Los servicios de energía eléctrica comenzaron a funcionar en Tarija en 1908 de la mano de José Arce y Jacinto Calabi, que instalaron la primera planta generadora en El Angosto. En 1932, cuando Tarija tenía 13.310 habitantes, la empresa de Calabi y Frigerio generaba de 80 a 100 kw.
En 1944, la Municipalidad de Tarija se hizo cargo con la instalación en el barrio de Villa Avaroade dos grupos electrógenos de 125 Kw cada uno, para una población de 15.684 habitantes. Su crecimiento fue paulatino hasta 1964, aparejado con el crecimiento de la población.
Ese crecimiento, sin embargo, no fue acompañado con una mejor calidad en la prestación de servicios y genera, casi desde siempre, críticas no sólo por las altas tarifas sino también por los frecuentes cortes de luz, que dieron pie a la Autoridad de Energía (AE) a justificar la intervención.
La gente en la calles se queja de que las tarifas subieron en casi 300 por ciento en los últimos dos años. Vilma Cáceres, del barrio IV Centenario, dice que pagaba 90 bolivianos en el 2011 y hoy paga 360, pero su consumo es el mismo.
De hecho los tarijeños pagan las tarifas más altas después de los pandinos y benianos. Las tarifas industriales son más altas incluso que las de Santa Cruz, según datos del Ministerio de Hidrocarburos.
En La Paz, por ejemplo, los usuarios de la categoría comercial pagan 0,96 bolivianos el kilovatio hora, en Cochabamba 0,83, pero en Tarija la tarifa es 2,13 bolivianos.
Juana Márquez, vecina de San Lorenzo, dice que un poste sigue “con los cables pelados y se inclinó por la humedad, sin que nadie se preocupe por repararlo pese a los reiterados pedidos” porque no hay prevención de accidentes. Otra persona sostiene que en la zona de Senac colocaron un poste de cemento y nunca instalaron el servicio de luz.
A pesar de la incongruente vigencia de tarifas altas en una región privilegiada en la producción de hidrocarburos que sirven para generar la energía eléctrica, y el servicio deficiente, la ciudadanía coincide en rechazar la intervención y plantea una nueva oportunidad para las autoridades locales.
Esas autoridades, sin embargo, incumplieron casi desde siempre su obligación social con los clientes internos y externos de la compañía, y con las disposiciones legales que las obligaban a regularizar su título habilitante pese a que desde hace ocho años tenían el plazo para cumplir los requisitos.
Las diferentes autoridades del departamento descuidaron sistemáticamente, por razones políticas o de diferente naturaleza, que no vienen al caso, regularizar el status jurídico y la obtención del título habilitante de interconexión nacional y dieron pie al argumento de intervención, en perjuicio de sus clientes internos.
Los diferentes administradores de la compañía, por su parte, fueron incapaces de satisfacer las expectativas de sus clientes externos, todos los habitantes de Tarija, proporcionando un servicio eficiente y a tarifas racionales y dieron pie a que la Autoridad de Electricidad justifique la intervención.
El Gobierno la justifica alegando que Setar no normaliza su situación jurídica a nivel nacional, pese a los plazos vencidos, e incumplió con la interconexión al Sistema Nacional, lo que supone una pérdida de 29 mil dólares día para el Estado.
La Asamblea Departamental aprobó la ley para remitir la documentación requerida a la AE para que Setar tenga personería jurídica, pero las observaciones persisten. Hoy están en curso negociaciones para resolver el problema.
Según la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, la intención del Gobierno era “simplemente una intervención administrativa con el fin de saber cuál es la situación de Setar”, pero su homólogo, Juan José Sosa, de hidrocarburos, habló ya de una “profunda crisis en la institución con hechos de corrupción”.
Según Sosa, “llama la atención que una persona como el señor Walter Mogro, que ha trabajado toda su vida en Setar, no haya sabido de los problemas que está atravesando” la empresa y que se haya permitido llegar a una situación que abre las puertas a la intervención.
Al margen de las opiniones políticas, desde el punto de vista jurídico, es un hecho que Setar no es una operadora legal porque no cumple reglamentos y normas vigentes pues entre el 2004 y 2008 no presentó información y no tramitó su licencia de operador. Tampoco se cumplió con la ley departamental que estipula la elección del directorio mediante terna.
De todas maneras, Setar tiene acciones de propiedad de la Gobernación y de la Alcaldía y una intervención significaría que ENDE tomaría el control total de una empresa en la cual el Estado Nacional no invirtió recursos económicos, pues todos fueron financiados con fondos departamentales.
En el problema estarían también en juego intereses personales. El Ministro Sosa, con un hermano gerente de Setar en Yacuiba, y autoridades del Chaco, estarían empeñados en llevar el centro de distribución eléctrica a esa región.
De por medio existen también las experiencias recogidas en otras regiones, no todas con final feliz.
En Santa Cruz la intervención de la Cooperativa Rural de Electrificación fracasó antes de nacer. La intervención tenía por fundamento supuestos descargos no realizados en la secuencia tarifaria. Su presidente, Germán Antelo, calificó como “abusivo” el intento gubernamental.
Antelo recordó que "en Santa Cruz las cooperativas han sido la única salvación que tuvo el oriente boliviano para dar agua, luz y comunicación, porque el Estado nunca pensó en darle servicios básicos a la ciudadanía”.
En el Beni, en cambio, la Compañía de Servicios Eléctricos de Trinidad (COSERELEC) pasó a manos de ENDE, pero según el ex gobernador, Ernesto Suárez, “no hubo cambios significativos en el servicio. Nadie sabe en realidad qué pasó con nuestros aportes”, añadió.
El precio de las tarifas en Trinidad siempre fue elevado, aunque, los usuarios eran propietarios de la Cooperativa y tenían poder de decisión en ella.
El analista Humberto Vacaflor sostiene que “la propiedad estatal de la empresa tarijeña puede ser un objetivo porque el gobierno sabe que los votantes de este departamento han tomado sus decisiones desde que se decidió el tema de las regalías del campo Margarita”.
“En este caso, dice, el interés consiste en controlar una empresa de propiedad de uno de los departamentos con más ingresos de Bolivia, lo que le podría redituar empleos y el control de presupuestos muy grandes. Le quitó la mitad de los ingresos al departamento que tiene sólo 4% de la población (y los electores), en un cálculo frío”.
Del otro lado, el oficialismo rechaza el argumento de apropiación estatal y justifica la decisión de intervenirla, atribuyendo el actual conflicto a la incapacidad de anteriores administraciones para cumplir con sus obligaciones específicas, tanto frente al estado, como ante sus clientes internos y externos.
La gente, en general, quiere saber dónde están los fondos que aporta. Por eso está de acuerdo en que haya intervención realizando auditorías en las áreas legal, técnica, administrativa y financiera. Pero pone como condición que si hay cambios en la administración, se contrate personal calificado, por concurso de méritos y tarijeños.
Entretanto, la rebelión sigue en pie, la amenaza de intervención sigue latente y la luz no se ha hecho.
DIPLOMADO EN PERODISMO CIUDADANO
Modulo V.- Taller en Redacción
Docente.- Lic. Juan León Cornejo
Alumno.- Lic. Rodolfo Hugo Vargas Antelo
TRABAJO DE GRUPO
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